El gobierno de Estados Unidos se comprometió a entregar dicha acntidad antes de que termine este año y acuerda con su similar de México impulsar proyectos para fortalecer policías locales

El gobierno de Estados Unidos se comprometió a entregar antes de que concluya este año 500 millones de dólares en el marco de la Iniciativa Mérida, además de que México y ese país acordaron impulsar proyectos para fortalecer la policía a nivel estatal, comenzando con estados clave, además de intensificar la cooperación y la inteligencia para combatir al crimen organizado, el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Estas son las conclusiones de la  tercera reunión del Grupo de Alto Nivel de Cooperación sobre Seguridad de México y Estados Unidos, que tiene como responsabilidad dar seguimiento a las acciones de cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que fue encabezada por la Canciller Patricia Espinosa Cantellano y la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton.

Coincidieron que “la criminalidad y la violencia asociada con las organizaciones criminales transnacionales continúan amenazando la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones y, por lo tanto, los múltiples esfuerzos basados en la cooperación para reducir y combatir la violencia son una prioridad para ambos gobiernos”.

En el encuentro que se sostuvo en Washington, de acuerdo con el comunicado conjunto emitido, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a entregar 500 millones de dólares antes de que concluya el 2011, como parte de la Iniciativa Mérida, que se sumarán a los 400 millones de dólares en equipo, entrenamiento y programas para el fortalecimiento de capacidades se han entregado a México.

Destacaron que la cooperación entre ambos países ha derivado “en mayor intercambio de información sobre las organizaciones transnacionales del narcotráfico lo que ha apoyado los esfuerzos exitosos por detener o abatir a más de 29 de sus principales líderes”.

Se han capacitado en México a más de 8,500 policías federales, 2,600 fiscales y funcionarios del sector justicia y 1,800 empleados del sistema penitenciario y correccional.

En la reunión estuvieron el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora; y los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, el de Marina  Francisco Saynez y el de Seguridad Pública, Genaro García Luna; así como la  procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez y sus contrapartes estadounidenses.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Migración para evitar la entrada ilegal de armas, explosivos y otras sustancias a territorio nacional por las zonas fronterizas.

La reforma a La Ley de la Policía Federal -que tendrá que ser ratificada por el Senado- establece que la nueva policía especializada tendrá la facultad de perseguir el tráfico de armas, insumos para el fomento de la adulteración de medicinas, bebidas alcohólicas y cualquier otra sustancia de consumo humano de manera ilegal, así como vigilar los procedimientos en materia aduanal.

Podrá perseguir los delitos de trata y tráfico de personas, tráfico de órganos, y fundamentalmente brindar protección a los derechos de los mexicanos repatriados, en su mayoría de Estados Unidos en condición de ilegales, así como revisará su situación penal para evitar un incremento en las filas del crimen organizado.

La iniciativa fue avalada por 403 votos a favor, y detalla que la coorporación estará dentro de la Policía Federal para vigilar las 49 aduanas del país, “las zonas fronterizas, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional y el espacio aéreo”.

Según datos de la secretaría de la Defensa Nacional, en 2010 se realizaron 82 mil 62 patrullajes en las fronteras norte y sur del país (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas).
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados dictaminó la creación de la Policía Fronteriza para garantizar la persecución e investigación de los delitos en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas del país.

La modificación al artículo 8 de la Ley de la Policía Federal crea un área en la Policía Federal con elementos especializados en seguridad fronteriza.

La iniciativa, promovida por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez (PRI) busca que la Policía Fronteriza ejerza facultades de prevención, persecución e investigación de delitos de carácter federal, específicamente en el tráfico de armas, explosivos, insumos para el fomento de la adulteración de medicinas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia de consumo humano, trata de personas y tráfico de órganos y protección a los derechos humanos.

En la propuesta se alerta de que casi una tercera parte de las muertes ocasionadas por el combate contra el narcotráfico han ocurrido en 37 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Esas 37 zonas representan el 1.5% del total de municipios y ahí acumulan 10 mil 203 asesinatos de los 34 mil 612 contabilizados desde inicios del actual sexenio hasta diciembre de 2010, según la Base de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con el Crimen Organizado.

Se detalla que el tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito en importancia cometido por el crimen organizado; el tráfico y el uso de armamento exclusivo de las fuerzas armadas representan actualmente el 15% de los delitos federales cometidos en el país.

Reiteran que México cuenta con 20 puertos y 66 aeropuertos internacionales que también son puntos de interés particular para los grupos de la delincuencia organizada por tratarse de lugares estratégicos para el contrabando de armas, drogas y personas.

El dictamen, que se llevaría mañana al pleno, considera que es indispensable evaluar y fortalecer la actuación de las autoridades encargadas de la seguridad de la franja fronteriza y demás puntos de internación de bienes y personas, actuando en recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración. 
El presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, Javier Corral Jurado (PAN,) dijo que el tema de reformas a la Ley de Seguridad Nacional debe ser materia de debates abiertos a la sociedad civil y todas las partes interesadas, que pueda llevarse a cabo, posiblemente, en las próximas semanas.

Señaló que se procederá convenir en el seno de la Comisión de Gobernación un método de trabajo para dictaminar el tema de la seguridad nacional y con un calendario específico, con la alternativa de que pueda culminar con una aprobación en el pleno en un periodo extraordinario.

El legislador panista explicó que de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Gobernación, la cual preside, debe tener el primer turno para dictaminar la minuta de reformas a la Ley de seguridad Nacional que se recibió hace un año.

Precisó que la norma de trabajo legislativo dicta que se puede analizar una reforma legal cuando los integrantes de la comisión cuentan con un dictamen para poder tomar sus resoluciones legislativas.

En conferencia de prensa, Corral Jurado afirmó que en reunión de la comisión el 23 de febrero pasado, fueron los priistas quienes se negaron a abrir el proceso legislativo sobre el tema de la seguridad nacional.

Dijo que envió una comunicación escrita a los coordinadores de las bancadas y a las presidencias de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política en las que da cuenta de que el primer turno para dictaminar la reforma a la Ley de seguridad Nacional le corresponde a la Comisión de Gobernación.

“La Comisión de Gobernación será responsable de elaborar el dictamen y lo hará con base en la minuta del Senado, y tomará en cuenta el documento de trabajo que elaboró un grupo de diputados”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, José González Morfín, coordinador del PAN, calificó como inaceptable que se quiera imponer la llamada “cláusula de gobernabilidad” en la Reforma Política porque ese es un tema “ya superado en el país y no tiene razón de ser”.

Al referirse a la posibilidad de que la reforma aprobada sea modificada o detenida en San Lázaro a fin de introducir la propuesta hecha por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el coordinador de los senadores del PAN advirtió de los riesgos de condicionar una reforma histórica como la que se aprobó el miércoles en la noche en la Cámara alta.

“Yo sí creo que condicionar una reforma tan trascendente como la que ayer aprobamos aquí en la Cámara de Senadores a un asunto que todo mundo sabemos que es inviable, que es regresivo, que es un asunto superado en nuestro país hace muchísimos años, me parece que es absolutamente inaceptable”.

En conferencia de prensa en la nueva sede del Senado, González Morfín retó al mandatario mexiquense a salir en las próximas horas para referirse a la Reforma Política a fin de que precise su postura en torno a este tema, “porque da la impresión de que, por lo menos así lo dicen algunos de sus allegados diputados, que están hablando en corto, no en público, todavía de que la pudieran frenar”.

El senador panista dijo que el costo que tendría que pagar él (Peña Nieto), “si él es el que la frena, va a ser  un costo muy alto porque yo creo que esta es una reforma muy bien vista especialmente por la sociedad, por los ciudadanos, porque trae temas que la gente estaba esperando de hace mucho tiempo y no creo sinceramente que se vayan a atrever a frenarla allá”.

Al referirse a las alianzas electorales que no se concretaron en Nayarit y Coahuila, dijo que cada uno de los partidos definió su propia postura, sin embargo, según los sondeos y encuestas, podría haber la posibilidad de que uno de los dos candidatos decline a favor de quien esté mejor posicionado.

EL UNIVERSAL