El titular del organismo, Raúl Plascencia, informó al Congreso que en 2010 perdieron la vida 111 personas en tiroteos entre policías y miembros del crimen organizado

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, informó al Congreso que en 2010 perdieron la vida 111 personas inocentes, en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad pública y grupos de la delincuencia organizada.

“La inmensa mayoría de los casos de personas asesinadas no vinculadas a delito alguno, aún aguardan que se haga justicia”, afirmó el ombudsman ante los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, al presentar el informe anual de la CNDH.

Urgió a que se evalúen las estrategias en materia de seguridad pública, a fin de determinar, dijo, su funcionalidad y conveniencia.  “El recuento de los logros y los desatinos permitirá rescatar lo positivo y enmendar las fallas”, planteó.

Dependencias ocupadas en el combate al crimen organizado ocupan primeros lugares en la lista de inconformidades de la población. Y reportó a las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.  En este grupo también figura el IMSS.

Raúl Plascencia dijo que hay resistencia en servidores públicos para reconocer que han violado derechos humanos, aún cuando se les involucra en hechos verificados.

“Es lamentable -dijo- el discurso de algunos que condenan la causa de los derechos humanos, como si el quebrantamiento del Estado de Derecho garantizara un mejor futuro para el país”. 

En ese sentido, señaló la resistencia a aceptar recomendaciones, en la mayoría de los casos por parte de la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública, así como Petróleos Mexicanos, además de gobiernos estatales y municipales.

El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, sostuvo que la despenalización de las drogas no acabaría con la inseguridad ni con la violencia que se vive en el país, pues no todos los grupos criminales se dedican al tráfico y producción de narcóticos.

“No podemos decir que si se resuelve el debate del consumo de las drogas se va a resolver el problema de la inseguridad en México, claro que no, pensar así es anacrónico, es el punto que yo he hecho”, mencionó el funcionario.

En entrevista con Óscar Mario Beteta para Radio Fórmula, aclaró que “desde luego nosotros estamos abiertos a un debate sobre el estatus de las drogas en términos de su consumo”, esto luego de que la Comisión Global sobre Políticas para las Drogas señalara que la estrategia antidrogas ha fracasado en América Latina.

El funcionario subrayó que la postura del gobierno federal es “hacer la reconstrucción de la seguridad para poder garantizar que estas organizaciones que probablemente empezaron como traficantes solamente hace 20 años, paguen por estos delitos de extorsión, de secuestro, de cobro de piso que están realizando”.

Alejandro Poiré, vocero del gobierno federal en materia de seguridad, dijo que no se puede comparar la estrategia de México en el combate al crimen organizado con planes para disminuir el consumo de drogas, como lo expuso la Comisión Global sobre Políticas para las Drogas, que considera que la estrategia punitiva contra los narcotraficantes en el continente ha fracasado.

“Yo creo que hay que distinguir muy bien y subrayar que hablar de crimen organizado y narcotráfico en México como algo idéntico es realmente anacrónico”, declaró Poiré.

Agregó que el presidente Felipe Calderón ha manifestado su disposición a participar en el tema, siempre que las soluciones sean integrales.

Pero el ex canciller Jorge Castañeda aseguró que lo expuesto en Ginebra “es un paso y un elemento adicional que demuestra que la estrategia puramente punitiva es un verdadero fracaso”.

“Esto muestra una vez más cómo va quedando aislada la postura de los gobiernos de México y Estados Unidos”, explicó Castañeda, quien hizo notar que la crítica la hicieron personalidades con conocimiento del tema.

Jorge Chabat, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que aunque oportuna, la crítica del grupo de líderes difícilmente incidirá para que México u otros países cambien en el corto plazo sus políticas punitivas.

Infantes de Marina efectuaron ayer un operativo en la ciudad de México en busca de miembros de la delincuencia organizada, pero esta vez no atraparon a nadie.

La acción del personal naval se efectuó al interior del Hotel Vermont, situado en el cruce de las calles Vermont y Colorado, en la colonia Nápoles.

En el cateo, el personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró armas y municiones, informó la dependencia que destacó que este operativo se efectuó en seguimiento al realizado el lunes pasado en las calles de Miguel Laurent y Tejocotes, en la colonia Del Valle, donde se detuvo a Juan Ramón Córdova Peñaloza.

Esta es la segunda incursión que realizan infantes de Marina en menos de 24 horas en la zona de la delegación Benito Juárez. Ambos despliegues, informó la Semar, se derivaron de denuncias ciudadanas que alertaron a la dependencia sobre la presencia de integrantes de la delincuencia organizada en esa zona de la ciudad de México.

La dependencia federal dijo desconocer a que grupo criminal pertenecía el sujeto que fue aprehendido el pasado lunes en la colonia Del Valle, y apuntó que será la Procuraduría General de la República (PGR) la que determine el grupo delictivo en el que participaba el sujeto arrestado.

Sin embargo, Notimex, la agencia oficial del gobierno mexicano, citando a autoridades de Semar informó que la línea de investigación de ambos casos apunta a la presencia de sujetos relacionados con el grupo delictivo de Los Zetas en la capital mexicana.

Marinos fuertemente armados rodearon el hotel y la zona aledaña, lo cual causó temor entre los habitantes, transeuntes y automovilistas que transitaban por el lugar. Los marinos tenían los rostros cubiertos y estaban armados con rifles de asalto, lanzagranadas y granadas de fragmentación.

La presencia de los militares no ócasinó mayores complicaciones y al filo de 19:00 horas la situación volvió a la normalidad, según el reporte.

La Semar dio a conocer que el armamento será puesto a disposición de la PGR, dependencia que en las próximas horas determinará la situación jurídica del único detenido.
EL UNIVERSAL