El anuncio del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que las armerías ubicadas en los estados de Texas, California, Arizona y Nuevo México, deben reportar las ventas múltiples de armas de asalto, no es bien aceptado entre los comerciantes de armas.

“Pues nos va a influir mucho porque va a hacer más control, ya no vamos a tener las ventas que teníamos a veces por mayoreo, menudeo. Entones nos va afectar”, comentó uno de los dueños de las armerías.

La mayoría de estas armas que se venden en la frontera de Texas paran en manos de criminales en México, lo que dificulta la lucha contra la delincuencia organizada que está bien equipada con armas de gran poder.

Con estos candados que anunció el gobierno federal de los Estados Unidos, los comercios de armas, tienen que notificar cuando una persona compre más de dos armas de calibre superior al 22.

Según los armeros, en menos de cinco días, este control ya está afectando las ventas de armas de asalto que antes se vendían con un mínimo control.

Además de esta nueva medida para la venta de armas, los operativos por parte de agentes federales de Estados Unidos se intensificaron para detectar el tráfico de armas a México por los puentes internacionales.

Estas acciones apoyarán la lucha contra el crimen organizado.

“Estamos trabajando para asegurar la frontera de ambos países verdad, porque es una frontera de Estados Unidos y de México y nosotros estamos haciendo la parte de nosotros”, dijo Félix Garza, Vocero Adunas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Del lado mexicano, las revisiones han  impedido en diversas acciones el paso de armas y cartuchos que delincuentes trataron de ingresar a territorio nacional.

Estados Unidos no ha encontrado aún mil 430 armas cuyo rastro perdió durante la Operación “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada ilegal a México de 2 mil 20 armas con el fin de llegar a las bandas criminales, informó hoy la cadena CNN.

La cadena cita fuentes relacionadas con la investigación que el Gobierno estadounidense abrió en la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) a mediados de junio, cuando un informe presentado en el Congreso calificó de fallido el operativo lanzado en 2009.

De las 2 mil 20 armas que se emplearon en la operación, 363 se han encontrado en Estados Unidos y otras 227 en México, lo que deja un total de mil 430 armas desaparecidas, según CNN.

El objetivo del operativo policial era establecer un nexo entre los testaferros que compran el armamento en Estados Unidos y los capos de los carteles de drogas en México.

Sin embargo, una vez que se perdía el rastro a las armas, los Gobiernos de ambos países tenían enormes dificultades para encontrarlas, a no ser que aparecieran en escenas de crimen.

Fue lo que ocurrió el pasado 15 de febrero en el estado mexicano de San Luis Potosí, cuando se relacionó un arma estadounidense vendida en Texas con el asesinato por parte de presuntos sicarios mexicanos del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Jaime Zapata.

Según el informe en el que se basa la investigación, la Operación Rápido y Furioso “nunca consiguió su objetivo de desmantelar un cartel de droga”.

“De hecho, la ATF no estuvo ni siquiera cerca”, indica el documento presentado al Congreso, que asegura que se puso en peligro a los agentes fronterizos y “contribuyó al aumento de la violencia y de muertes en México”.

El propio presidente de EU, Barack Obama, afirmó hace dos semanas que su Gobierno “tomará una acción apropiada” cuando se complete la investigación sobre el operativo policial.

El Departamento de Justicia ya ha comenzado a tomar medidas para cambiar su política y compensar los daños causados, como la de exigir a las tiendas de armas en cuatro estados de la frontera que den información sobre los compradores de rifles de gran potencia, con el fin de llegar a las bandas criminales que los adquieren.

La medida, anunciada el lunes por el fiscal general adjunto estadounidense, James Cole, se aplicará “sólo a las ventas múltiples de ciertos tipos de rifles semiautomáticos” a la misma persona durante un periodo de cinco días, en Arizona, California, Nuevo México y Texas.

Contra su política tradicional de no permitir que armas peligrosas lleguen a manos criminales, el Buró de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego de EU (ATF),  apoyado en una vieja orden de 1989, la ATF 3310.4(b), cambio de táctica.

Y adoptó una riesgosa nueva estrategia, que tenía como propósito combatir el tráfico de armas en la frontera suroeste. Bajo ella, la oficina de ATF en Phoenix, Arizona, “permitiría” que armas compradas ilegalmente, cruzaran la frontera a México, “para decomisar a los jefes de principales cárteles de droga” en México.

Así lo establece un reporte que contiene los testimonios de los 4 agentes de ATF y otros agentes federales que participaron en el fallido operativo; documento que será presentado en la Segunda Audiencia Congresional del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, que dirige el congresista Darrell Issal, este miércoles.

El documento señala que la estrategia “era conocida y autorizada por los más altos niveles del Departamento de Justicia”.

Supuestamente, altos funcionarios de esa dependencia “monitoreaban y supervisaban” las actividades de ATF, que recibió aprobación y financiamiento de la Fuerza de Tareas Conjuntas del Crimen Organizado OCDTF, que aportó los primeros recursos el día 26 de enero de 2010.

La estrategia que después fue bautizada como “Rápido y Furioso” establecía la creación del Grupo VII, integrado por ATF DEA, FBI, ICE y IRS y tenía como meta el establecimiento de nexos entre los compradores y contrabandistas hormiga de armas y la captura de organizaciones del narcotráfico mexicanas.

La operación, en la que finalmente los agentes de ATF perdieron el monitoreo, obedecía al intento de frenar la expansión de la violencia a lo largo de la frontera y bajo él, se comenzaron a comprar grandes cantidades de rifles de asalto, ametralladoras, armamento de tipo militar, como AK-47s., AR-15, M-17 y otras.

De acuerdo a un párrafo de la orden de ATF  “la estrategia es permitir la transferencia de armas de fuego y actuar más lentamente, para investigar y permitir la identificación de conspiradores que continúan contrabandeando armas a organizaciones de narcotráfico mexicanas, responsables de la creciente violencia en México.”

Agrega:

“Debe observarse que la venta y contrabando de armas continuará y no se detendría, porque eso sería en detrimento de la investigación y sus metas”.

El reporte describe las tácticas de investigación y monitoreo, intercepción y persecución, alternativas y métodos de intervención.

Algunas veces dice el reporte, ATF mantenía vigilancia para rastrear las armas, con apoyo de los departamentos de policía locales, vigilancia que incluía identificación y seguimiento de los vehículos de los traficantes, que con frecuencia transferían las armas difíciles.

Aunque muchos agentes desplazados a lo largo de la frontera se opusieron, la ATF y el Departamento de Justicia continuaron la operación amenazando a los agentes. El Departamento de Justicia cooperaba brindando órdenes de cateo, así como resúmenes de la información que se obtenía diariamente bajo el operativo, en el que como resultado de las cadenas de compradores y vendedores, las armas pronto desaparecieron de su control y fueron a parar a manos criminales.

“Desafortunadamente” dice el reporte elaborado con ayuda del senador republicano Chuck Grassley “ATF nunca logró la satisfactoria meta de desmantelar cártel alguno; de hecho, nunca lograron atestar ningún golpe.

Después de 20 meses de la operación, sólo se logró construir 20 casos, mientras las armas comenzaron a aparecer en escenas de crimen, entre ellas, la del ex agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, cuyas madre y viudas comparecen en la audiencia de este miércoles y el agente de ICE, Jaime Zapata, en San Luis Potosí. Otras aparecieron en Ciudad Juárez, como parte de un arsenal decomisado a pandilleros.

El reporte describe situaciones en las que ATF facilitó o aprobó transacciones de traficantes de armas conocidos, situaciones perturbadoras, sobre todo conociendo los resultados del trafico de armas a México.

En el documento están incluidos los testimonios de John Dodson, agente especial de ATF en Phoenix Arizona, el primer agente que denunció el operativo. Dodson es veterano de Vietnam, ex agente del Servicio de Alguaciles de Virginia durante 12 años, William Newell, agente especial de ATF en Phoenix, quien aspiraba a irse como agregado de ATF en la Embajada de Mexico, Emory Hurley, fiscal federal asistente en Arizona quien les daba asesoria, Pete Forceli, Olindo Casa, Larry Alt y otros, que estaban bajo supervisión de David Voth.

Entre los compradores se incluye a Jaime Ávila, con numerosos antecedentes como traficante de armas.

El reporte revela que el Departamento de Justicia y ATF dependieron de la vieja orden de ATF de 1989 para “dejar que las armas caminaran a México”, que los agentes abandonaron el entrenamiento que les permitiría seguir las armas, que el Departamento de Justicia dependía de una estrecha y confusa definición del término de “dejar caminar armas”.

Que las quejas y observaciones de los agentes que revelaron el operativo no fueron escuchadas lo que se tradujo en equipamiento de armas de alto poder para los cárteles y muertes de más y más inocentes en México.

Que los agentes de ATF, lejos de detener y confiscar las armas, fueron obligados a permanecer estáticos sólo observando el tráfico a México. Que la Operación “Rápido y Furioso” contribuyó en gran medida a aumentar las masacres en México.
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