Datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado precisan que han sido asesinadas 846 mujeres desde 1993 a la fecha, cuando empezó a documentarse este tipo de crímenes

Las ejecuciones en contra de mujeres relacionadas directamente con la delincuencia organizada en esta frontera aumentaron considerablemente durante este año, informaron autoridades estatales.

El reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) establece que el aumento de casos ha sido a tal grado que, durante estos primeros ocho meses del año, ya se rebasó la cifra total de asesinatos de mujeres de todo 2009.

Con los tres casos contabilizados este miércoles, el registro de homicidios violentos en contra de mujeres alcanzó las 169 víctimas, mientras que durante todo 2009 la cifra fue de 164 y en 2008 se dieron 87.

Las estadísticas oficiales establecen que el 90% de los casos de crímenes de mujeres está relacionado con la delincuencia organizada y el resto, a la violencia de género o familiar.

En enero de 2010 ocurrieron 16 asesinatos contra el género femenino, nueve en febrero, 28 en marzo, 15 en abril y 17 en mayo, mientras que junio cerró con 29 víctimas, julio con 25 casos y 29 en lo que va de agosto.

Los datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado precisan que han sido asesinadas 846 mujeres desde 1993 a la fecha, cuando empezó a documentarse este tipo de crímenes.

El seguimiento, de acuerdo con el protocolo de comunicación de la PGJE, que se lleva tras los homicidios dolosos cometidos contra mujeres, indica que del 21 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2007, se tenían cuantificados 427 crímenes.

Mientras que 2008 cerró con un total de 87 casos, el 2009 reportó 164 y hasta ayer se habían cometido 169 asesinatos contra el género femenino.

En el desglose de datos se establece que en 1993 se reportaron 19 eventos, 19 en 1994, 36 en 1995, 37 en 1996, 32 en 1997, 36 en 1998, 18 en 1999, y 32 en 2000.

Ocurrieron, además, 37 en 2001, 36 en 2002, 28 en 2003, 19 en 2004, 33 en 2005, 20 en 2006, 25 en 2007, 87 en 2008, 164 en 2009 y 168 en 2010.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México determinó que en Guanajuato existen “preocupantes niveles de violencia contra las mujeres, incluyendo la sexual”, y emitió nueve recomendaciones al gobierno estatal.

A diferencia de otros estados, en Guanajuato la Ley para prevenir, atender y erradicar la violencia “no visibiliza ni atiende las particularidades de la situación de las mujeres que sufren violencia”, estableció Liliana Valiña, representante del organismo.

La funcionaria de la ONU atendió el llamado ante las protestas de organismos no gubernamentales “por la criminalización de 160 mujeres por aborto y la sentencia de hasta 30 años de prisión a seis que tuvieron abortos espontáneos y se les acusó de homicidio”. En una misión de observación, representantes de la ONU visitaron en los penales de Guanajuato y Valle de Santiago a las seis mujeres condenadas por el delito de homicidio en razón de parentesco, que según ONG abortaron.

Escucharon a María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas

Después de su encuentro con las mujeres, Valiña recomendó al gobierno de Guanajuato revisar la figura penal del homicidio en razón de parentesco “con el fin de que no se aplique a casos de distinta naturaleza y se garantice la proporcionalidad de las penas”.

Matizó el interés de la representación de la ONU-DH para que se realice una reflexión sobre los procesos legales emprendidos en contra de las seis mujeres a efecto de “que se asegure que tanto los procedimientos, como los principios fundamentales del derecho a la defensa hayan sido apegados a los estándares internacionales del debido proceso, particularmente el relacionado con el principio de presunción de inocencia”.

La División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica tomó la defensa de las mujeres y logró la liberación de Alma Yareli, absuelta en la apelación tres años después de estar presa por ese delito.

La misión del Alto Comisionado observó la ausencia de garantías para que mujeres procesadas no sufran un trato discriminatorio y prejuicioso.

Prevalece discriminación

Confirmó “la persistencia de patrones culturales que motivan la discriminación contra las mujeres, al mismo tiempo que limitan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”.

Los funcionarios de la ONU se reunieron con el gobernador Juan Manuel Oliva, con el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa; con el secretario de Salud, Armando Aguirre, y el procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil

Liliana Valiña informó que la representación en México de la ONU-DH emitió nueve recomendaciones al gobierno del estado —a los tres poderes—, ante la falta de instrumentos y políticas públicas para asegurar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

Las recomendaciones “no son meras sugerencias”, son parte de estándares internacionales establecidos y aceptados en pactos y convenios que México ha suscrito en temas como derechos humanos y de las mujeres en particular.

La ONU-DH denunció con base en datos oficiales del estado de Guanajuato, los “preocupantes niveles de violencia contra las mujeres”. Por ello, pidió revisar la ley local para prevenir, atender y erradicar la violencia, de tal manera “que se garantice la visibilidad de esta importante problemática y la atención especializada” a las víctimas.

“La Oficina ha sido informada de investigaciones iniciadas por la Procuraduría de Justicia local, sin embargo hasta el momento desconoce el número de sentencias condenatorias y de reparación que den una respuesta efectiva a las víctimas”, dijo Valiña.

Precisó que las conclusiones y recomendaciones son enviadas de manera formal a las autoridades estatales de Guanajuato y la ONU estará pendiente de su seguimiento.

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